Viena, Julio 13 de 2026. En el marco de la 17ª reunión del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Asistencia Técnica de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), celebrada en Viena los días 13 y 14 de julio de 2026, Colombia reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación internacional para prevenir, investigar y sancionar el fraude organizado y otras formas de delincuencia organizada transnacional.
El Grupo de Trabajo fue establecido para asesorar y apoyar a la Conferencia de las Partes en la implementación de su mandato en materia de asistencia técnica, así como para examinar las necesidades de fortalecimiento de capacidades identificadas por los Estados en el marco del mecanismo de examen de la aplicación de la Convención y sus Protocolos. Entre los temas sustantivos abordados este año se encuentra el papel de la Convención para ofrecer respuestas globales frente al fraude organizado y los desafíos emergentes asociados a este fenómeno.
Durante el debate sobre las herramientas de la Convención para responder al fraude organizado, Colombia destacó que esta modalidad delictiva constituye una de las amenazas transnacionales de más rápida evolución y mayor impacto sobre la seguridad de las personas, la estabilidad económica y la confianza pública. La delegación colombiana subrayó que los grupos criminales aprovechan las tecnologías digitales, los sistemas financieros internacionales y las diferencias entre jurisdicciones para operar a través de múltiples fronteras, lo que exige respuestas coordinadas entre los Estados.
Asimismo, Colombia resaltó que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional proporciona mecanismos clave para enfrentar este fenómeno mediante la cooperación internacional, la asistencia judicial recíproca, las investigaciones conjuntas y el decomiso de activos.
La delegación presentó además algunas de las iniciativas nacionales desarrolladas para prevenir y combatir el fraude, haciendo énfasis en la cooperación institucional y las alianzas público-privadas. Entre ellas destacó los espacios de intercambio de información en el sector financiero, los mecanismos de coordinación en materia de seguridad digital y los esfuerzos adelantados por la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia Financiera para fortalecer las capacidades de investigación, supervisión y detección de patrones de fraude.
En su intervención, Colombia formuló varias recomendaciones dirigidas a fortalecer la respuesta internacional frente al fraude organizado. Entre ellas, propuso reforzar las investigaciones financieras y los mecanismos de recuperación y repatriación de activos, promover enfoques centrados en las víctimas, fortalecer las capacidades especializadas de investigación y judicialización, así como impulsar marcos eficaces de cooperación público-privada que permitan mejorar la detección temprana del fraude y el intercambio seguro de información.
Igualmente, Colombia hizo un llamado a desarrollar estrategias de prevención, educación y sensibilización dirigidas a aumentar la resiliencia de los ciudadanos frente a nuevas modalidades de fraude facilitadas por tecnologías digitales y herramientas de inteligencia artificial, así como a fortalecer la cooperación entre autoridades, sector privado y sociedad civil para mejorar la asistencia a las víctimas desde un enfoque de derechos humanos y género.
Finalmente, Colombia alentó a los Estados a considerar su adhesión al Call to Action on Combating Fraud y al Global Public-Private Partnership Framework against Fraud,de los que Colombia es parte, impulsados durante la Cumbre Mundial contra el Fraude organizada por la UNODC e INTERPOL en marzo de 2026, como plataformas concretas para fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y el desarrollo de respuestas operativas eficaces frente al fraude organizado.
Colombia reafirmó su disposición de continuar trabajando con sus socios internacionales para fortalecer las capacidades nacionales e internacionales de prevención, investigación y persecución del fraude organizado, aprovechando plenamente las herramientas previstas en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional.