Viena, 26 de junio de 2026. En el marco de la presentación del Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Embajadora y Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales en Viena, Marcela Tovar Thomas, hizo un llamado a reequilibrar la respuesta internacional al problema mundial de las drogas, fortaleciendo el principio de responsabilidad común y compartida y orientando los esfuerzos hacia los eslabones de mayor impacto de las economías ilícitas. Colombia subrayó que, mientras el consumo mundial de drogas y la demanda de cocaína continúan creciendo, los costos operacionales, institucionales, humanos y ambientales recaen de manera desproporcionada sobre los países productores y de tránsito.
La Embajadora destacó que la expansión de los mercados de drogas sintéticas, en particular de opioides como el fentanilo y las nitazenas, demuestra que los daños más letales del fenómeno ya no dependen de los cultivos ilícitos, sino de cadenas de producción y distribución ubicadas cerca de los mercados de consumo. En este contexto, Colombia insistió en que combatir el lavado de activos, el desvío de precursores químicos y las finanzas del narcotráfico debe convertirse en una prioridad equivalente al control de la oferta, y recordó el alto costo humano y ambiental que el país ha asumido durante décadas, señalando que la responsabilidad compartida solo será efectiva si se traduce en compromisos concretos y equilibrados por parte de todos los Estados.
La delegación resaltó los avances de la Política Nacional de Drogas 2023–2033, basada en un enfoque integral que combina acciones para debilitar las estructuras criminales con intervenciones dirigidas a transformar las condiciones que permiten la persistencia de las economías ilícitas. Entre los principales resultados destacó la desaceleración sostenida del crecimiento de los cultivos de coca durante los últimos tres años, la participación de más de 31.000 familias en programas de sustitución voluntaria, más de 8.500 hectáreas verificadas por las Naciones Unidas como efectivamente erradicadas, la transición de más de 41.000 hectáreas hacia economías lícitas y los resultados operacionales frente a las organizaciones criminales, con alrededor de 889 toneladas de cocaína incautadas, 311 aeronaves utilizadas para el narcotráfico inmovilizadas o incautadas y más de 5.200 laboratorios ilícitos desmantelados durante 2024. Colombia subrayó que estos resultados demuestran que es posible combinar una acción firme contra las organizaciones criminales con alternativas sostenibles para las comunidades afectadas.
Finalmente, Colombia hizo un llamado a actualizar los criterios con los que se evalúa el éxito de las políticas de drogas, proponiendo que, más allá del enfoque en las hectáreas de cultivos ilícitos, se incorporen indicadores sobre la reducción de flujos financieros ilícitos, el desmantelamiento de redes de lavado de activos, el control efectivo de precursores químicos, la disminución sostenida de la demanda y los avances en inclusión social, acceso al tratamiento, fortalecimiento institucional y desarrollo sostenible. Con esta intervención, el país reafirmó su compromiso con una política de drogas basada en la evidencia, los derechos humanos, la salud pública y el desarrollo sostenible, e invitó a la comunidad internacional a construir un enfoque más equilibrado, eficaz y verdaderamente compartido frente al problema mundial de las drogas.