DECLARACIÓN CONJUNTA
Viena, Junio 08 de 2026. Durante la sesión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Embajadora y Representante Permanente de Colombia, Marcela Tovar Thomas, presentó en Viena una declaración conjunta Colombia y Brasil, en conjunto con 19 Estados, sobre los ataques contra instalaciones nucleares, subrayando sus implicaciones para la seguridad de las personas, el medio ambiente y la seguridad internacional.
-//-
Colombia presenta la siguiente declaración conjunta en nombre de los siguientes Estados: Argelia, Armenia, Austria, Brasil, China, Colombia, Côte d’Ivoire, Egipto, Guatemala, Indonesia, Kazajistán, Namibia, México, Pakistán, Palestina, Panamá, Filipinas, Sudáfrica, Siria, Tailandia y Ucrania.
Como se indica en el Informe Anual del OIEA para 2025, por quinto año consecutivo, el Organismo ha revisado al alza sus proyecciones para la expansión de la energía nuclear, a medida que continúa creciendo el impulso global a favor de esta fuente de energía. Según datos del OIEA, al final del año pasado, alrededor de 60 Estados Miembros habían expresado interés en incorporar la energía nuclear a su matriz energética. Más allá de las centrales nucleares, otras instalaciones nucleares críticas también se encuentran en desarrollo o construcción en varios países.
El aumento previsto en los próximos años y décadas del número de instalaciones nucleares en todo el mundo tiene varias implicaciones. Entre las más destacadas se encuentran los riesgos que los ataques o las amenazas de ataques contra instalaciones nucleares en el contexto de conflictos armados representan para la seguridad tecnológica, la seguridad física y las salvaguardias nucleares, con graves consecuencias para las personas y el medio ambiente, así como para la paz y la seguridad internacionales en general.
Los incidentes ocurridos en el pasado reciente demuestran que los ataques dirigidos contra instalaciones nucleares con fines pacíficos o en sus proximidades nos han acercado a un evento de gran magnitud radiológica, con consecuencias de gran alcance, transfronterizas e irreversibles en escalas de tiempo humanas.
Como establece las Resoluciones 444, 533 y en la Decisión GC53/13 de la Conferencia General, cualquier ataque armado o amenaza contra instalaciones nucleares dedicadas a fines pacíficos constituye una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional y del Estatuto del Organismo.
Si no se reprueba firmemente, cada nuevo ataque contribuirá a la erosión del marco político y jurídico que sustenta el amplio entendimiento de que los ataques contra instalaciones nucleares no son aceptables bajo ninguna circunstancia.
El aumento de las amenazas a la seguridad de las instalaciones nucleares también puede exacerbar la reticencia social a adoptar la energía nuclear y elevar los costos para obtener la licencia social necesaria para su construcción y operación.
La seguridad tecnológica, la seguridad física y la integridad física de las instalaciones nucleares deben seguir siendo un imperativo.
Atenta a este desafío, la Conferencia General tomó nota de los “siete pilares indispensables” expuestos por el Director General para garantizar la seguridad tecnológica y la seguridad física nucleares durante un conflicto armado, los cuales se derivan de las normas de seguridad del OIEA y de sus orientaciones sobre seguridad física nuclear.
Corresponde ahora a los Estados Miembros desarrollar esas normas y orientaciones en lo relativo a la prohibición de ataques contra instalaciones nucleares. La credibilidad y la autoridad del Organismo, en su calidad de organización internacional encargada de supervisar el uso seguro de la energía nuclear y de aplicar salvaguardias de conformidad con las respectivas obligaciones internacionales de los Estado, deben preservarse y fortalecerse.
La misión del OIEA debe, por tanto, estar alineada con los desafíos que enfrentamos hoy. No puede desaprovecharse la oportunidad que ofrece este año el 70º aniversario del Organismo.
Hacemos un llamado a esta Junta y a la Conferencia General para que aborden este asunto con la seriedad y urgencia que merece.
Argelia, Armenia, Austria, Brasil, China, Colombia, Côte d’Ivoire, Egipto, Guatemala, Indonesia, Kazajistán, Namibia, México, Pakistán, Palestina, Panamá, Filipinas, Sudáfrica, Siria, Tailandia y Ucrania.